El Ejecutivo busca que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol, mediante una presentación realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de Vialidad Nacional. El acuerdo objetado “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada”.
El Gobierno nacional presentó este martes una demanda en la Justicia mediante la cual reclamó que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y solicitó una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte.
La presentación, realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.
El acuerdo objetado “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años”, sostuvo la cartera de Estado que conduce Gabriel Katopodis.
El Gobierno explicó que para cubrir la deuda “la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte”.
“Por instrucción del Poder Ejecutivo, se interpuso acción judicial de lesividad y se solicitó medida cautelar con el fin que el Estado nacional se haga cargo de la administración del Acceso Norte”, precisó el Ministerio oficialmente, que indicó que hizo la presentación “a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación”.
La presentación tiene como objetivo que se declare nulo el acuerdo integral de renegociación que establecía, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años.
La demanda es “para declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL) ratificado por el mismo, que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”.
“Por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N°633/2022, se interpuso una acción de lesividad en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N°19.549 y de los artículos 319, 330 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, detalló.
“Esta acción tiene como objetivo que se declare nulo el Acuerdo Integral de Renegociación que establecía, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años”, abundó.
“Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte, perjudicando a los argentinos y argentinas”, amplió el MOP.
Explicó además que “de forma previa a la sustanciación de la demanda, el Ministerio de Obras Públicas solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte”.
Por otra parte, informó que “asimismo, en breve se interpondrá la respectiva acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO)”.
La cartera de Katopodis destacó que “desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Obras Públicas se hizo cargo de la administración de rutas y autovías en todo el territorio, con el objetivo de seguir recuperando el rol central de Vialidad Nacional en la Argentina”.
Con respecto a los acuerdos de 2018, reseñó que en ese año “las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)”.
“En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387”, detalló.
Agregó que “se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas”.
“Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria”, advirtió.
“Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores”, dijo.
El MOP señaló que “a la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000”.
“Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias”, abundó.
El Ministerio explicó que “también es muy importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario”.
