El diputado nacional y presidente del Frente Renovador denunció irregularidades en el tratamiento de la Ley de Glaciares y propuso que sea la ciudadanía quien decida sobre el futuro de los recursos naturales.
Diego Giuliano advirtió sobre el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso y cuestionó las negociaciones que, según señaló, se están llevando adelante sin participación de la sociedad.
“Están acelerando para bajar los pisos de protección ambiental a niveles inconstitucionales”, afirmó. Y agregó: “Creen que así generan seguridad jurídica, pero en realidad producen exactamente lo contrario”.
En ese marco, anunció la presentación de un proyecto de Consulta Popular Vinculante para que la ciudadanía defina el rumbo de la normativa. “Presentamos un proyecto de consulta popular vinculante porque este es el tipo de tema que debe resolverse con la voz de la sociedad”, sostuvo.
El legislador también remarcó que la discusión trasciende a las provincias cordilleranas y tiene impacto en todo el país. “Estamos frente a un tema central: la protección de los glaciares, del agua dulce y de las fuentes de nuestros ríos”, indicó.
En esa línea, explicó las consecuencias que podría tener una modificación en la normativa vigente. “Lo que ocurre en Mendoza impacta directamente en La Pampa y en la provincia de Buenos Aires a través del Río Colorado. Si se contamina la fuente, se contamina todo el curso”, señaló.
Giuliano también cuestionó el funcionamiento del Congreso en este debate. “Estamos viendo un Congreso sitiado, donde discusiones trascendentales se vacían de contenido”, expresó. Y agregó: “Lo que debía haber sido una audiencia pública terminó siendo una fantochada”.
En relación a la consulta propuesta, planteó la necesidad de formular una pregunta concreta a la sociedad. “Es fundamental hacer una pregunta clara: ¿Queremos habilitar proyectos mineros en zonas de glaciares y periglaciares en la Argentina?”, indicó.
Por último, rechazó posibles presiones económicas vinculadas a la discusión. “No se puede negociar la protección del agua dulce por más millones que haya en juego”, afirmó. Y concluyó: “El agua de los argentinos no se negocia”.