En el marco de la política pública de destrucción de materiales, la ANMaC destruyó 14.161 armas de fuego, provenientes de bajas patrimoniales de diversos organismos públicos nacionales y provinciales, de incautaciones ordenadas por el Poder Judicial en el marco de investigaciones criminales y provenientes del Desarme Civil Voluntario.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) destruyó más de 14.000 armas de fuego provenientes de decomisos realizados por el Poder Judicial, en el marco de investigaciones por hechos delictivos (Ley Nº 25.938), armas entregadas en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley Nº 26.216) y armas provenientes de bajas patrimoniales de Organismos Públicos Nacionales y Provinciales (Ley Nº 20.429).
En efecto, de conformidad con las Resoluciones ANMaC Nros. 30, 31 y 32 del año 2023, se ordenó proceder a la destrucción por trituración y fundición de 14.161 armas de fuego provenientes de las siguientes instituciones públicas: a) Servicio Penitenciario Bonaerense; b) Registro Provincial de Armas de la Provincia de Buenos Aires (RePAr); c) Poder Judicial de La Pampa; d) Delegación ANMaC La Pampa; e) Delegación ANMaC Mar del Plata; f) Poder Judicial de la Provincia de Neuquén; g) Policía de la Provincia de Neuquén; h) Policía de la Provincia de Santa Fe; i) Delegación ANMaC Rosario y j) del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán.
Con este nuevo lote de armas destruidas se alcanza un número de más de 450.000 armas de fuego destruidas desde el año 2000 y 52.476 en los últimos tres años de Gobierno.
El acto estuvo encabezado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el Subdirector de dicho Organismo, Carlos Fernández.
El procedimiento de destrucción se conformó de dos etapas: la primera, llevada a cabo en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la Policía Federal Argentina (PFA), se procedió al traslado de las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió a la destrucción por triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad, todo lo cual fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.
Las armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Santa Fé y Tucumán, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos.
En este sentido, el Ministro Soria expresó que “con esta nueva destrucción seguimos adelante con el plan integral de desarme, erradicando de las calles y de los barrios de la Argentina estas armas de fuego que tanto mal nos hacen como sociedad cuando caen en manos de delincuentes”, y explicó que “esta es una de las principales herramientas que tiene el Estado para revertir los procesos de organización de la delincuencia”.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou subrayó la importancia de “eliminar las armas que se encuentran en circulación” y explicó que “en este caso, la mayoría de las armas provienen del delito y de causas judiciales finalizadas y de investigaciones realizadas que aportan a la política criminal”.
Esta política pública, enraizada en la cooperación institucional entre la ANMaC y demás organismos públicos nacionales y provinciales, y consistente en la registración, verificación y destrucción definitiva de armas de fuego, significa quitar a dichos materiales de circulación, evitando, de esa manera, los posibles desvíos de los mercados lícitos hacia los ilícitos.
Con la recuperación y vigencia de esta política pública, la ANMaC persigue el objetivo de contribuir a la política criminal en la materia de armas y explosivos, así como procurar la conformación de espacios de convivencia libres de violencias con uso de armas de fuego, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos.
A cargo de la certificación del procedimiento, estuvo presente el escribano General de la Nación Adscripto, Carlos Marcovecchio. Por el operativo de seguridad, estuvieron a cargo, el comisario Inspector Diego Maldonado y la comisaría de la División de Operaciones y Contramedidas Armas y Explosivos de la PFA, Maira Souza.
