El impacto del calentamiento global en el Delta del Paraná. Legislación y jurisprudencia. Acciones colectivas frente a la problemática ambiental.
“El delta del Paraná, en el noreste de la Pampa Norte, es un sistema muy susceptible a los cambios ambientales y constituye un archivo de los últimos miles de años de la historia de la región, de gran importancia para Sudamérica”, Indica Daniela Kröhling, investigadora del CONICET, que desarrolla su trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. La geóloga es coautora de un trabajo científico cuyo primer autor es Juan Pablo Milana, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan. Dicho trabajo ha sido publicado en los reportes científicos de acceso abierto que tiene la prestigiosa revista científica Nature.
Su trabajo aborda de manera novedosa el Río Paraná como un registro geológico de los distintos cambios del clima a lo largo de los siglos, manifestando que los cambios climáticos controlaron la evolución del Delta. Siguiendo esta línea, se desprende que un cambio mínimo en la temperatura, como un ligero enfriamiento, convertiría una región altamente productiva como la Pampa en un desierto improductivo, “Los pronósticos de cambio climático indican que marchamos hacia una condición cálida, con fusión de glaciares y el consiguiente aumento del nivel del mar, es importante estudiar la respuesta de las diferentes regiones frente a determinados períodos climáticos extremos a fin de la elaboración de mapas de riesgo natural y de un pronóstico más completo”.
Con la hipótesis planteada y los resultados disponibles en su investigación, se espera que este tipo de trabajos potencien el debate y generen un aporte a la discusión sobre el calentamiento global en el hemisferio sur.
Desde el punto de vista jurídico, es fundamental abordar las acciones dirigidas a proteger el patrimonio natural y los bienes colectivos de la población, así como preservar de manera estratégica, las economías regionales que se basan en condiciones climáticas estables.
Según la plataforma institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre sus funciones, está la de llevar adelante la Red Federal de Monitoreo Ambiental, con el objetivo principal de integrar todas las estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter público o privado. Para el caso particular de las emisiones de vehículos automotores, realiza tareas de “Control y fiscalización de las emisiones de gases contaminantes provenientes de los automotores nuevos y usados que utilizan combustibles líquidos y gaseosos”. Además de la Ley nacional de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, que reconoce institucionalmente el fenómeno de Cambio Climático, el propio ministerio hace pública la problemática de los combustibles fósiles en los automotores, no solo liberando gases tóxicos a la atmósfera; sino también diferentes Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Según el protocolo de Kyoto, aprobado en nuestro país por la Ley nacional N°25.438, se deben reducir las emisiones de los seis gases de efecto invernadero originados por las actividades humanas: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFC), perfluorcarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Sobre estas problemáticas entran en juego las Acciones Colectivas. La tutela colectiva, la “acción colectiva” o “acción de clase”, supone que una resolución judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho. De esta forma se evita la multiplicidad de demandas por un mismo hecho. Las acciones de clase son herramientas estratégicas para ejercer la protección de los Derechos Ambientales ante amenazas concretas. Es fundamental reaccionar de manera urgente ante daños específicos que pueda sufrir el medio ambiente en general, y actuar preventivamente.
El impacto para la economía en la variación del clima, podría tener consecuencias inimaginables, por este motivo es fundamental la actuación preventiva. Para el caso concreto, ya se registran acciones colectivas ambientales con buenos resultados.
Para el caso del Litoral, una Acción Colectiva de Amparo llegó a la Corte Suprema de Justicia, dictaminando que los humedales del departamento de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, deben ser protegidos. La sentencia ordenó la detención de las tareas de una empresa que había realizado desmontes y levantamiento de diques en la zona del Parque Unzué.
Es fundamental fiscalizar el impacto directo de las acciones humanas en el medioambiente, como también los potenciales daños a largo plazo. La modificación en las condiciones climáticas debe ser una preocupación jurídica y una temática de estudio legal. Las razones que causen o puedan causar impacto en el medio ambiente deben ser analizadas empíricamente y deducidas jurídicamente.
En la Provincia de Buenos Aires, contamos con órganos administrativos propios y calificados para la problemática ambiental, como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), del cual dependen evaluaciones y fiscalizaciones ambientales en todos los distritos bonaerenses, es la autoridad de aplicación de la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires. Creado por la Ley Provincial N°13757 establece en su Artículo 31 que, “Ejercerá la autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, con capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro del ámbito de la competencia que le asigna la presente Ley, cuya organización y funcionamiento sobre la base de la descentralización operativa y financiera”. Existen también otros organismos como el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), un ente autárquico creado por la Ley Provincial N 12.653, cuyo rol es coordinar y ejecutar acciones vinculadas con el saneamiento ambiental, la preservación del recurso hídrico y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del Río Reconquista.
A nivel nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros, implementa políticas ambientales y fiscalización a lo largo de todo el País. Según sus propias bases institucionales, su rol también es asistir al Presidente y al Jefe de Gabinete en lo relacionado con la política ambiental, desarrollo sustentable y el uso racional de los recursos naturales como el agua, los bosques, la fauna silvestre, la preservación del suelo y la lucha contra el cambio climático.
La Ley Nacional N°25.675, Ley General del Ambiente, establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible, según su Art. 1.
Existiendo instrumentos normativos, instituciones administrativas y jurisprudencia sobre casos concretos, no podemos permitir que la crisis ambiental nos tome por sorpresa.
Es fundamental el rol de la sociedad civil en exigir la implementación de las políticas ambientales aprobadas por Ley, y el cumplimiento de la legislación por el Estado, asumiendo un rol preventivo y proactivo ante la crisis climática.
Por Leonardo Güi – Abogado – Docente UBA – UCES
