Con el presupuesto militar más bajo de la historia -0,7 % del producto bruto interno (PBI)-, nuestro país enfrente graves problemas a la hora de poseer una fuerza que actúe de manera disuasiva
En un sentido lato, la defensa nacional es la capacidad de garantizar de modo permanente los intereses vitales de nuestro país. La Constitución Nacional (CN) en su Preámbulo lo expresa taxativamente: Proveer a la defensa común, y la Ley 23554 —promulgada por el presidente Raúl R. Alfonsín en 1988— establece en su Artículo 2: “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas (FFAA), en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad y capacidad de autodeterminación…”. La soberanía, como la capacidad de imperio sobre todo lo que es propio, es la esencia de la existencia del Estado. Ningún organismo internacional o multinacional puede garantizar, de manera confiable, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y la libertad de la Nación; la función de la defensa es una responsabilidad indelegable del Estado.
Acorde con lo expresado, es curioso que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a propuesta del ministerio del área, mediante el Decreto 727/2006 modificara la Ley de Defensa y agregara a continuación de “…agresiones de origen externo”… perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s. Peligrosa autolimitación en el empleo legal de la fuerza disuasiva, pues niega la posibilidad de la llamada guerra híbrida, que es una combinación de fuerzas irregulares, fuerzas regulares encubiertas y acciones en el ciberespacio. Posteriormente por Decreto 683/2018 el PEN anuló el decreto citado volviendo al texto original de la ley. Por último, por Decreto 571/2020 el PEN anuló dicho decreto y volvió la vigencia del decreto del año 2006. En mi opinión, ningún decreto del PEN puede modificar una ley —ello es inconstitucional— pues vulnera la denominada Pirámide de Kelsen: sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras y está dividida en tres niveles, el nivel fundamental en el que se encuentra la constitución, como la suprema norma de un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas. También vulnera la voluntad del legislador y el espíritu de la norma. Ningún gobierno debe olvidar la sentencia de Max Weber: “El Estado es la comunidad que en un territorio determinado reivindica el monopolio del uso legítimo de la violencia”.
El contexto internacional actual no es el de la denominada Guerra Fría: bipolar, estructurado y predecible. Por el contrario, es multipolar, poco estructurado, imprevisible e inestable. Todo se conoce en tiempo real y lo sólido puede desvanecerse. Es obvio resaltar que en la región vivimos un clima de paz y confianza, pero el mundo actual está colmado de conflictos, unos visibles y otros latentes. No es necesario buscar escenarios posibles en los tratados de polemología pues, como asegura Eric de La Maisonneuve, “se desarrollan frente a nuestros ojos a escala natural”. La interdependencia del sistema internacional y la ausencia de certezas indican que ningún país es ajeno a los desafíos (riesgos y amenazas) que acometen al mundo, por lejanos o insólitos que hoy se perciban. El conflicto es un fenómeno constitutivo, ineludible e inseparable de las relaciones humanas en la búsqueda de sus intereses. Se caracteriza por su policausalidad, permanencia, identidad propia y dificultad para vaticinar consecuencias. Recordemos que en 1938 el rotativo británico Daily Express publicó: “Este año, Gran Bretaña no se verá involucrada en una guerra europea, y tampoco el año que viene” (Fenster, Bob, La Estúpida Historia de la Especie Humana, Javier Vergara, 2004, pág. 35). Y al año siguiente, en 1939, se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial que finalizó en 1945. Otra predicción curiosa fue la del escritor alemán Günter Grass, que dos semanas antes de la caída del Muro de Berlín, en 1989, decía: “… que por lo menos faltaban veinte años”.
Quienes en su miopía afirman la inexistencia de hipótesis de conflicto ignoran que no es una hipótesis de guerra sino un supuesto básico, una herramienta de trabajo para el planeamiento estratégico de la defensa. También desconocen que la razón de ser de las FFAA no responde a la eventualidad de un conflicto determinado, sino que su existencia radica en tanto y en cuanto existe el Estado, y este tiene objetivos esenciales a proteger, entre otros: la Patagonia, vacío espacio geopolítico (30 % de la superficie del país y solo el 5% de la población), joya de materias primas; el mar Argentino (quinto litoral marítimo del mundo, con más de 6 mil km de costas, una extensa Plataforma Continental rica en recursos minerales, hidrocarburos y pesca), totalmente desprotegido y con proyección hacia la Antártida; el Acuífero Guaraní (tercer reservorio mundial de agua dulce), con 250 mil km2 en nuestro país.
A pesar de las varias decenas de leyes, decretos, directivas y planes que desde hace más de sesenta años se confeccionaron en el ministerio de Defensa, hasta el día de hoy no se ha instrumentado un serio y efectivo Sistema Integrado de Defensa Nacional en torno a definiciones, misiones concretas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, las enseñanzas de la Guerra de Malvinas en que cada Fuerza libró su propia guerra y, salvo algunas excepciones en el nivel táctico, el accionar militar conjunto brilló por su ausencia, no se han capitalizado en su real dimensión. Desde 1983 han pasado varios mandatos presidenciales, veinte ministros del área y centenares de miembros de las comisiones de Defensa del Congreso Nacional. Es imprescindible consensuar con las principales fuerzas políticas, atento a que —disponiendo de un aceptable presupuesto— alcanzar el nivel logístico y operativo de fines del siglo pasado demandará más de tres mandatos presidenciales. Recordemos que el artículo 75 inc. 27 de la CN impone al Poder Legislativo: “Fijar las FFAA en tiempo de paz y de guerra y dictar las normas para su organización y gobierno”; y el artículo 99 inc.14 al Poder Ejecutivo: “Dispone de las FFAA, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación”.
Se atribuye a Georges Clemenceau —y comparto su sentencia— que “La guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los militares”. Aquí la defensa en los últimos cuarenta años estuvo en manos civiles. Hoy la Fuerza Aérea no puede controlar eficientemente el espacio aéreo por insuficiencia de radares adecuados, aviones interceptores aptos, leyes que disuadan a quienes avancen sobre él, y limitados medios de transporte. La Armada no dispone de submarinos, tiene serias dificultades para operar con su flota de superficie y no posee los necesarios medios aéreos para patrullar y controlar nuestro mar. Por su parte, el Ejército tiene gran parte de sus elementos anticuados u obsoletos, y otros carecen de operatividad por falta de repuestos y mantenimiento, principalmente los medios motorizados, mecanizados, blindados y aéreos (helicópteros). Las tres Fuerzas se ven afectadas en el racionamiento diario y carecen de la indispensable munición para el adiestramiento. El presupuesto actual es el más bajo de la historia, 0,7 % del producto bruto interno (PBI), que comprende todo lo relacionado con educación, adiestramiento operativo y logística.
Las FFAA tienen una capacidad dual y, por supuesto, continúan cumpliendo con sus misiones subsidiarias, que son: participar en misiones de paz en el mundo en el marco de las Naciones Unidas, apoyar a las bases en la Antártida y contribuir con la actividad científica, y brindar apoyo solidario a nuestra comunidad y a la de países de la región ante emergencias y desastres naturales.
Desde el 3 de diciembre de 1990 es inobjetable la subordinación de las FFAA al poder político y el compromiso de las mismas con las instituciones de la República y con los derechos humanos. Es conocida la desatención de que fueron objeto en las últimas décadas. No obstante, estoy plenamente convencido de que el componente humano es lo más valioso que posee el Instrumento Militar. Con vocación de servicio y sano espíritu de cuerpo evitaron cualquier desmoralización, y mantuvieron un ejemplar nivel profesional. Una sentencia mantiene vigencia desde hace siglos: “Una diplomacia sin respaldo de fuerzas disuasivas es como interpretar a Mozart con una murga de carnaval”.
El poder político no debe olvidar que “La profesión militar carece de la máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas e ideológicas” (Davenport, M y Stockdale, J; Ética militar, Sudamericana, Pág. 17). Esto fue una constante en nuestro país desde mediados del siglo pasado, con algunas excepciones.
En síntesis, reitero que, si aceptamos por ingenuidad o estupidez que no tenemos hipótesis de conflicto, enviaremos un mensaje peligroso y subliminal a terceros conocidos, o no. En tal sentido recuerdo que el compositor Mario Batistella, sin proponérselo, en 1962, con motivo de lamentables desencuentros internos, nos alertó en la letra de su conocido tango llamado “Bronca”: “Es la hora del asalto/ sírvanse que son pasteles/ ¡Y así quemen los laureles/ que supimos conseguir!”.
Por Martin Balza – Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica
