Repudio a las amenazas a la sec. Gral de Sadop Zona Norte
Transitamos uno de los momentos más difíciles de esta pandemia mundial y la prioridad de nuestro gobierno es cuidar la salud de los y las bonaerenses. Trabajamos sin especulaciones para garantizar un sistema sanitario que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de los y las ciudadanas. Todas las esferas del Estado a nivel nacional, provincial y municipal están abocadas a atender los requerimientos de Salud con prioridad en la vacunación para evitar contagios, casos graves y muertes.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en adhesión al DNU nacional, dispuso el pase a Fase 2 de 35 distritos del Área Metropolitana y la Dirección General de Cultura y Educación ordenó el cese de las clases presenciales en esos municipios. De esa forma se pasó a un esquema de virtualidad temporal que asegura el dictado de clases sin descuidar las medidas de distanciamiento para evitar nuevos casos de COVID.
Esa normativa es de cumplimiento obligatorio para establecimientos educativos de gestión pública y privada. No hay otra interpretación posible. Se busca prevenir contagios entre los trabajadores y trabajadoras de la educación, entre los y las alumnas y sus familiares. Esta decisión fue tomada con el respaldo de especialistas en salud y busca limitar la circulación del virus en reuniones sociales, actividades grupales extraescolares y en el transporte de y hacia las escuelas.
Los gremios del sector respaldaron estas normas y dispusieron un monitoreo de las medidas de seguridad sanitaria en los establecimientos educativos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los y las trabajadoras. Sin embargo, los intendentes de San Isidro y de Vicente López recurrieron a la Justicia para obstaculizar la aplicación de la norma. También se conoció la decisión de un limitado grupo de empresarios que ignoraron la legislación vigente y rechazaron la virtualidad educativa forzando a docentes y auxiliares a concurrir a sus lugares de trabajo bajo amenaza de despidos y suspensiones.
En ese contexto, la secretaria general de SADOP Zona Norte y concejala, Milena Lamonega fue amenazada en reiteradas ocasiones. Responsabilizamos a los impulsores de estos agravios, entre ellos el diputado nacional Fernando Iglesias (PRO Cambiemos) por los cobardes ataques que ha recibido la dirigente sindical y por las consecuencias que estos actos pudieran ocasionarle a ella, a sus compañeros/as y a sus familiares. Actitudes como la que ha tenido este legislador no hacen más que alentar actos de odio e intolerancia incompatibles con la vida democrática y la defensa de las instituciones.
Los y las dirigentes políticos con responsabilidad de gestión debemos alentar el cuidado y el respeto de las normas para proteger a los y las trabajadoras y sus familias, evitar contagios y llevar respuestas a las necesidades que surjan en este contexto mundial de pandemia. Cualquier acción que no contribuya en ese sentido, es ni más ni menos que un atentado contra la salud y el bienestar de la población.
Por María Teresa García – Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
