Carolina Farias, la rectora de la Universidad del Delta advirtió que el veto presidencial agrava la crisis del sistema universitario

La rectora de la Universidad del Delta, Carolina Farías, expresó su preocupación por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y advirtió que la desinversión sostenida desde 2023 está afectando gravemente el funcionamiento de las universidades y el acceso a derechos básicos.

En diálogo con Conexión Local, Farías explicó que el problema no es reciente y que el veto al financiamiento universitario agrava una situación que ya era crítica. “El derecho a la educación está en la Constitución desde 1853, y los derechos tienen un costo: es el Estado nacional quien tiene que financiarlos. Este es un punto de partida para poder desarrollar cualquier tipo de debate”, sostuvo.

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La rectora defendió la ley de financiamiento universitario vetada por el Gobierno: “Desde el año 2023 el sistema universitario ha sido desfinanciado, viene perdiendo entre el 30 y el 40% en los sueldos de docentes y no docentes. Esta ley no crea nuevos impuestos ni compromete el equilibrio fiscal, sólo ordena cómo se gasta el presupuesto”, y cuestionó que el Gobierno nacional ponga el equilibrio fiscal como un dogma absoluto: “Como si la educación, la ciencia, la salud o los jubilados, si no entran dentro de eso, no tuvieran prioridad ni sentido”.

Farías remarcó que existe consenso en el sistema universitario sobre la necesidad de esta ley y destacó que la marcha prevista para el 17 de septiembre busca defender a las universidades públicas: “El sistema universitario es un orgullo nacional: han salido no solo profesionales destacados, sino que se les dio a todos, al que más tiene y al que menos tiene, la posibilidad de tener una vida diferente y de progreso a través de la educación pública”.

Consultada sobre la reacción de los estudiantes, respondió: “En un primer momento quisieron poner a los docentes como si no quisieran trabajar, pero hoy los alumnos mismos van viendo cómo tienen menos derechos: menos derechos edilicios, menos docentes, cuesta muchísimo conseguir docentes que viajen para venir a dar clases, también hay menos becas y está afectado el sistema científico. Eso hoy está a la vista”.

En cuanto a las expectativas frente a la presentación del presupuesto 2026, se mostró pesimista: “El gobierno fue muy firme en las decisiones que tomó, no escuchó el reclamo de la sociedad en su conjunto, no escuchó el mensaje a través de las urnas en las últimas elecciones. Lo veo muy plantado en su posición, con una concepción del ser humano y de sus derechos muy diferente y muy antagónica a cómo se construyó el sujeto de derecho que recibe la universidad”.