El Gobierno porteño presentó un recurso contra la medida que ordena controlar el operativo de seguridad en la marcha convocada frente al Congreso. Señalan que afecta la autonomía y compromete el interés público.
A través de la Procuración General, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó modificar el control del operativo de seguridad previsto para la manifestación convocada este miércoles en el Congreso. La presentación solicita que la resolución sea revocada de manera urgente y que el expediente sea elevado a la Cámara del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ante la inminencia de la movilización.
La apelación, firmada por el Dr. Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos, sostiene que el fallo es nulo por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.
El Ejecutivo porteño argumenta que no fue convocado previamente ni se le garantizó el derecho a ejercer su defensa, y que en ningún momento renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. En ese sentido, afirma que el juez Gallardo “se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo”, invadiendo la autonomía técnica del Ministerio de Seguridad local para definir las políticas y dispositivos a aplicar.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la resolución judicial y defendió la labor de las fuerzas de seguridad. “Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, señaló.
En los fundamentos del recurso, la Ciudad también advierte que la decisión judicial parte de una “convicción personal” del juez, sin basarse en hechos concretos, y que presupone una omisión por parte del Gobierno porteño en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Según el planteo, esto pone en riesgo la coordinación operativa con las fuerzas federales y compromete gravemente el interés público.
