En el día de la marcha que lleva el lema de “Ni Una Menos” y tiene como objetivo la visibilización y erradicación de la violencia contra la mujer, el Tribunal de Familia Nro 2 de San Isidro en conjunto con la Dirección de Género de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Acceso a la Justicia con sede en San Fernando, implementaron el programa de monitoreo por tobillera electrónica a un hombre acusado de violencia de género contra una vecina de San Fernando.
“Para nosotros es muy importante poder articular con la Provincia y los municipios, las herramientas que le permiten a las mujeres víctimas de violencia poder volver a realizar un proyecto de vida sin miedo a que su agresor las encuentre o le haga daño a sus hijos. Junto al CAJ (Centro de Acceso a la Justicia de la Nación) de San Fernando hace tres años y medio que venimos trabajando, atendiendo a más de 4 mil personas al año y acompañando a muchísimas mujeres víctimas de violencia que necesitan de un Estado presente” dijo la concejal por Cambiemos, Agustina Ciarletta y concluyó: “En la lucha contra la violencia de género es esencial poner a disposición todos los recursos que dispongamos, ninguno por si solo es una solución instantánea. Las tobilleras duales son una herramienta más, que actúan de manera preventiva y demostraron ser efectivas en la asistencia a las víctimas. Estamos muy contentos de que San Isidro haya provisto de esta orden para que vecinas como Roxana hoy puedan seguir trabajando y aportando desde su experiencia ayuda para otras mujeres que necesitan tomar valor y realizar la denuncia”.
El Programa de “Tobilleras Electrónicas” , forma parte del Plan Integral de Género de la Provincia y actúa como una medida de protección complementaria a las disposiciones cautelares en situaciones donde hay un alto riesgo de vida. Consiste en dos dispositivos rastreadores, uno para la víctima y otro para el agresor. Además, este último tendrá colocado una tobillera electrónica que funciona conectada al rastreador mediante radiofrecuencia. Se adjudica por orden judicial y contempla la prohibición de acercamiento a una determinada cantidad de metros que es controlada electrónicamente, así como la resocialización de los agresores y la atención psico-social a las víctimas.
