La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó la reciente orden de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe a los medios difundir audios atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia, y advirtió que se trata de una “limitación ilegítima” a las libertades de expresión y de prensa.
En un comunicado, la entidad recordó que sostiene “de modo constante” su rechazo a decisiones estatales que impiden la publicación de información de interés público, especialmente cuando involucra a funcionarios o hechos de relevancia institucional.
ADEPA citó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual —salvo la protección de la infancia y la adolescencia— las medidas preventivas que restringen la circulación de información constituyen un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión. En esa línea, remarcó que la publicación de informaciones solo puede acarrear responsabilidades ulteriores.
La asociación señaló que el Gobierno puede impulsar investigaciones y sanciones por eventuales delitos vinculados a la obtención de los audios, así como aplicar penas administrativas a funcionarios que hubieran violado deberes de secreto. Pero subrayó que las prohibiciones previas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho ciudadano a informarse sobre hechos de relevancia pública que pueden —o no— incidir en la formación de la opinión pública.