La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que la reciente resolución 1319/2025, firmada por la Secretaría de Comunicación y Medios, puede restringir el trabajo de la prensa y afectar el acceso a la información pública.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante la resolución 1319/2025 publicada el viernes pasado, en la que el Gobierno nacional estableció nuevos criterios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. Para la entidad, la medida abre la puerta a la arbitrariedad, limita el acceso a la información y puede derivar en discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo.
Según detalló ADEPA en un comunicado, la nueva normativa incorpora parámetros como el alcance territorial, los antecedentes de especialización, el historial de cobertura de los medios, la documentación presentada e incluso los niveles de audiencia, para autorizar o denegar acreditaciones. La entidad calificó estos criterios como “ambiguos”, “subjetivos” y “potencialmente discriminatorios”, sobre todo en perjuicio de medios pequeños o alternativos.
Además, se fijó un límite de 25 personas para el ingreso a la Sala de Prensa y de 36 para la Sala de Conferencias, cifras que ADEPA considera “excesivamente restrictivas”. La resolución también restringe severamente la circulación de los periodistas dentro del edificio, lo que según la entidad “desconoce la naturaleza misma del trabajo periodístico y la interacción cotidiana con fuentes y funcionarios”.
Para ADEPA, esta medida contradice los estándares internacionales de libertad de prensa. Citan un reciente documento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que advierte sobre este tipo de restricciones bajo argumentos administrativos, pero que en realidad pueden servir para excluir a periodistas críticos o no alineados con la gestión.
“La resolución configura una situación peligrosa que podría afectar seriamente el acceso a la información pública. Esperamos que sea revisada”, señala el comunicado.
Desde la entidad remarcaron que el derecho a la información es de los ciudadanos, no de los gobiernos, y que las reglas de acceso deben ser transparentes, objetivas y no restrictivas. También advirtieron que la discrecionalidad de estos criterios puede terminar afectando el pluralismo informativo, en un contexto donde la libertad de expresión enfrenta desafíos crecientes.