La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones de reforma tributaria realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y reclamó la convocatoria a un nuevo consenso fiscal que incluya a la Nación, las provincias y los municipios. La entidad sostuvo que las propuestas del organismo internacional afectan a trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin abordar los principales problemas que enfrentan las empresas.
El planteo surgió luego de que el FMI difundiera una serie de recomendaciones para ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, extender la aplicación del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo elevando sus categorías. Para CAME, estas medidas trasladan la carga tributaria hacia los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo interno.
Desde la entidad empresaria señalaron que las propuestas resultan regresivas porque reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin avanzar sobre los impuestos que consideran más distorsivos para la actividad económica.
En ese sentido, CAME puso el foco sobre el sistema tributario subnacional, particularmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales, a los que identificó como uno de los principales obstáculos para la inversión, la producción y la generación de empleo formal. Según la entidad, estos gravámenes pueden representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad.
La organización también cuestionó los regímenes de retenciones y percepciones aplicados por las provincias. De acuerdo con el documento, estos mecanismos generan saldos a favor que muchas empresas no logran recuperar en tiempo y forma, lo que termina afectando su capital de trabajo. Además, advirtió que los procesos de devolución suelen extenderse durante meses o incluso años, perdiendo valor frente a la inflación.
Frente a este escenario, CAME propuso avanzar en un Nuevo Consenso Fiscal que permita armonizar criterios tributarios entre las distintas jurisdicciones del país. Entre las medidas planteadas se encuentran la unificación de bases imponibles, la revisión de los sistemas de retención y percepción, la fijación de plazos obligatorios para las devoluciones de saldos a favor y una reforma gradual de Ingresos Brutos para reducir su efecto sobre las cadenas productivas.
La entidad también planteó que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debería asumir un rol más activo en la coordinación y fiscalización de estas políticas tributarias entre provincias, con el objetivo de dotar al sistema de mayor previsibilidad y transparencia.
Finalmente, CAME sostuvo que aumentar la carga impositiva sobre los trabajadores no contribuye a generar empleo, mejorar la competitividad ni reducir la informalidad, y advirtió que una mayor presión sobre el consumo interno podría afectar la actividad económica y la recaudación de las propias provincias y municipios.
