La senadora provincial del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, con el objetivo de evitar estafas, extorsiones y secuestros virtuales organizados desde unidades penitenciarias.
La iniciativa propone la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, además de reforzar los controles tecnológicos y las requisas para impedir el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.
El texto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, aunque contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la legisladora.
Desde el equipo de la senadora señalaron que muchas de las estafas telefónicas y extorsiones que afectan a vecinos se organizan desde cárceles, generando situaciones de angustia y pérdidas económicas para las víctimas.
“No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, remarcaron.
El proyecto también establece un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal en las unidades penitenciarias de la provincia.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó Galmarini.
