El director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, criticó con dureza el esquema tributario que evalúa el Gobierno nacional para modificar el Impuesto a las Ganancias. Su respuesta pública se convirtió en una de las principales voces políticas frente a una reforma que podría sumar millones de contribuyentes al tributo.
El Gobierno analiza bajar el piso de Ganancias, ampliar la base de trabajadores alcanzados e introducir nuevas escalas más bajas, junto con mayores deducciones atadas a gastos comprobables. La propuesta, enmarcada en la reforma tributaria que Economía planea enviar al Congreso, generó reacciones inmediatas en el arco político.
Los libertarios más locos del mundo? No.
— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) November 17, 2025
Los mentirosos de siempre.
Mientras le suspendieron retenciones a las principales agroexportadoras que embolsaron USD1.500MM, le suben los impuestos a los trabajadores.
Es la reforma tributaria más injusta posible.
Hay que eliminar la… https://t.co/HaKL6vytKT
Galmarini apuntó directamente contra la decisión oficial y denunció una contradicción en la política fiscal del Ejecutivo. En sus redes sociales sostuvo: “Los libertarios más locos del mundo? No. Los mentirosos de siempre. Mientras le suspendieron retenciones a las principales agroexportadoras que embolsaron USD 1.500 millones, le suben los impuestos a los trabajadores. Es la reforma tributaria más injusta posible. Hay que eliminar la cuarta categoría de Ganancias y hacer una reforma más progresiva, donde paguen más los que más pueden.”
La postura del dirigente del Frente Renovador se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura impositiva y el impacto de la reforma en la clase media formal. Para especialistas en materia tributaria, el Gobierno busca compensar la baja de otros tributos —como retenciones o el impuesto al cheque— fortaleciendo la recaudación a partir de Ganancias.
Mientras tanto, economistas consultados por organismos especializados señalan que una reforma progresiva debe apuntar a redistribuir la carga impositiva sin profundizar la presión fiscal sobre los asalariados registrados.
El Ejecutivo prevé cerrar en las próximas semanas el esquema definitivo que enviará al Congreso. El debate político ya está abierto.
