La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que le revoque la concesión a Edesur y que le aplique sanciones a Edenor, debido al apagón que se registra desde hace varios días en distintos puntos del Amba y que afectan a miles de usuarios y usuarias en esa región.
En el caso de Edesur, el organismo que conduce Guido Lorenzino tomó en cuenta los cortes que se registran desde fines del año pasado y el aumento de las denuncias en la Defensoría por la deficiente prestación. Esto se suma las multas aplicadas contra la empresa y las obras que nunca llevó adelante, por lo que concluyó que no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria.
A su vez, se tiene en cuenta el primer pedido que la Defensoría hizo en julio de 2020 para que le quiten la concesión a Edesur, al verificar reiterados incumplimientos al pliego de concesiones en cada uno de los municipios del área de concesión, principalmente por fallas en el suministro eléctrico y falta de concreción de los planes de obras a los que la empresa se comprometió y no llevó adelante.
“Consideramos que se encuentran agotadas las instancias de diálogo con Edesur. Intentamos mediaciones, se promovieron acciones judiciales, realizamos reuniones en la Defensoría, pero la empresa sigue sin cumplir con la prestación adecuada del servicio público a su cargo en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad”, expresó Lorenzino.
En esa línea, agregó que “todos estos elementos configuran un estado de situación grave, que nos lleva a plantearle al Enre que, de constatar todas las irregularidades denunciadas, sancione a Edesur con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de la concesión”, indicó Lorenzino.
En el caso de Edenor, la Defensoría también cuestionó las actuaciones de la empresa durante los cortes registrados en los últimos días. Considera que la prestataria continúa hasta la fecha sin realizar las obras necesarias para evitar cortes de servicio, y además mostró una deficiente atención brindada a los usuarios al momento de la contingencia.
Ante esta situación, el organismo le solicitó al Enre una profunda investigación sobre estos hechos y, en caso de comprobar estos incumplimientos, que aplique las respectivas multas o sanciones previstas en los contratos de concesión.
“Sostenemos que el derecho a la energía configura un derecho humano. Es central el rol que cumple la energía para el desarrollo económico y social en nuestra sociedad, y que a su vez nos permite el goce de otros derechos también esenciales como el de la educación, la salud o, en términos más generales, a una vida digna”, puntualizó Lorenzino.
