La deuda externa no existía como problema en la economía argentina allá por 1976. Había muchos otros dramas, por cierto, pero en ese momento se debían solo 7.000 millones de dólares a acreedores extranjeros.
Con la dictadura y los gobiernos neoliberales posteriores eso se modificó y el endeudamiento con bancos y fondos de inversión, como también con organismos internacionales de crédito, pasó a ser una pesada losa sobre el desarrollo productivo de nuestra nación, hasta la fecha.
Primero fue la dictadura, que multiplicó la deuda por seis. Lo que condicionó profundamente al gobierno de Alfonsín. El que primero resistió con Grinspun, pero luego bajó los brazos y terminó en un nuevo acuerdo con el FMI, que le costó la derrota electoral y la salida antes de tiempo.
Luego fue Menem, que en su primer mandato logró zafar canjeando bonos de la deuda por las empresas del Estado a precio vil. Como también recibiendo petrodólares que abundaban en ese momento por el mundo. Pero donde, en su segunda presidencia, Tequila mediante, se acabó la fiesta y tuvimos una nueva ronda de endeudamiento. El impacto lo ligó el conservador De la Rúa, al que no se le ocurrió mejor idea que continuar con la Convertibilidad y acordar con el FMI la salida. Vino entonces el corralito y después el helicóptero.
La deuda era impagable, obviamente, el señor feudal Adolfo Rodríguez Saá se hizo el nac & pop y metió el inevitable default. Con discurso en la CGT, por supuesto.
Pero, mas allá del oportunismo de aquel efímero presidente, si hubo una prueba tangible del peso de la deuda externa para impedir el crecimiento del país, fue esa correcta suspensión del pago de finales del 2001. No tener que trasladar enormes recursos a los acreedores internacionales por cuatro años, sumado al aumento de los precios de la soja, como también al exitoso canje de deuda, con quita del 70%, de Lavagna, fueron los tres elementos principales que permitieron la recuperación hasta finales del 2008, luego de la tremenda crisis de principios de este siglo.
Ya con la primera presidencia de Cristina Kirchner en curso empezaron nuevas presiones sobre nuestro sector externo. Fueron causa de ello erradas políticas económicas como, por ejemplo, entre otras, hacer eje por sobre todo en el consumo y descuidar la inversión, no sustituir algunas importaciones o demorar la renacionalización de YPF hasta que perdimos el autoabastecimiento energético. A lo que se sumó la crisis internacional de las hipotecas, que bajó el precio de los productos agropecuarios.
Otra vez entonces, como si fueran liberales, se buscó salida por el lado de endeudarse; mas allá del “relato” de ese momento y sin aprender de la historia. Recordemos la gira de Kicillof, ministro de economía en ese entonces, haciendo gestos amistosos a los grandes bancos internacionales y el FMI, como pagar al Club de París el 100% de lo que pedía, al CIADI juicios absolutamente injustos adversos al país y a YPF un vagón de dólares. Es decir, despilfarrando valiosas reservas. Como era de esperar no tuvo éxito, el poder financiero no los quería y nadie le prestó plata.
Así llegó la tercera administración neoliberal desde 1976, la de Mauricio Macri, con bajo endeudamiento externo. Pero este señor negoció rápido el pago del 100% a los infames fondos buitres, abrió nuevamente la economía para continuar con el achicamiento de la industria argentina y bancó el consecuente déficit comercial con nuevos préstamos. La frutilla del postre de esta estrategia fue el crédito del FMI en el 2018 de 54.000 millones de dólares, combinado con una tremenda fuga de capitales al exterior.
En resumidas cuentas, con el desastre que hicieron, terminaron perdiendo los de Cambiemos las elecciones. Pero, como en 1983 y el 2001, nos dejaron miseria, dañado el aparato productivo y, otra vez, la pesada losa de la deuda externa sobre la economía y las espaldas de la gran mayoría de los argentinos.
Así llegó a la presidencia Alberto Fernández, con un PBI en retroceso, el desempleo y la pobreza en aumento y 100.000 millones de dólares mas de deuda que le dejaba el bueno de Mauricio. Encima, llegó luego la pandemia.
En ese contexto era mas que visible que no se podía pagar la deuda, como no fuera a través de un tremendo sacrificio de las mayorías populares. “No vamos a pagar la deuda a costa del hambre; vamos a cuidar a la Patria”, dijo el presidente en marzo del 2020. “La sustentabilidad de la deuda es fundamental para poder encarrilar un proceso de desarrollo sostenido”, señaló por su parte el ministro Guzmán en agosto de ese año.
Sin embargo, decir una cosa y hacer otra ha sido una constante de los gobernantes argentinos en décadas y esta vez no fue la excepción. Primero encararon la negociación con los acreedores privados y luego de unas primeras ofertas que revelaban cierta firmeza, el ministro de economía fue para atrás e hizo un mal acuerdo. Pateó la pelota para adelante, no hubo casi quita, e incluso aceptó pago de intereses ya en este año 2021.
Luego inició Guzmán el tira y afloja con el FMI, con declaraciones de CFK del tipo “Con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”. Pero, andando el tiempo, se vio que en la negociación con el Fondo aceptarían las condiciones que este ponía. Solo han demorado en lo formal el acuerdo final, para que estas concesiones no se conocieran durante la campaña electoral.
Dicen ahora desde el gobierno que perdieron las PASO porque no pusieron “plata en el bolsillo de la gente”. ¿Y por qué no lo hicieron a pesar de lo mal que la están pasando millones de compatriotas? No es difícil de verlo. Por lo pronto se le hicieron pagos en dólares a los acreedores privados (154 millones) y al Club de París (230 millones). A los que se le suman 4.082 millones que se le abonaron en conceptos de intereses y capital al FMI; mas 1880 millones que hay que pagar en diciembre. Es decir, la mitad del superávit comercial externo se ira a la deuda; pusieron la plata en el bolsillo de los acreedores.
No queda allí solamente la explicación, claro está. Entre el 2022 y el 2024 vencen 45.000 millones de dólares con el FMI. Ese acuerdo, de facilidades extendidas, se está negociando de hace rato. Como se sabe, viene al menos con dos condiciones: superávit comercial externo y fiscal también. El primero en la Argentina significa menos importaciones, en lo fundamental, aun con buenos precios agropecuarios, como se vio este año. Por tanto, nos requieren limitar las compras externas; lo que aquí suelen lograr con menos crecimiento económico y no con sustitución de importaciones, ya se sabe.
En el terreno fiscal el Fondo exige bajar gastos, sobre todo los previsionales, salarios públicos y las prestaciones sociales. Es, como está a la vista, lo que hicieron desde el gobierno del último trimestre del año pasado a la fecha, aunque Guzmán diga que no es así.
En resumidas cuentas, la plata en el bolsillo de la mayoría de la gente faltó también porque, en acuerdo con el FMI, el gobierno llevó adelante un ajuste económico que no se correspondía con sus declaraciones, ni con el manual de medidas anti cíclicas necesario en momentos de crisis como el que vivimos.
Nada indica que las cosas serán diferentes si se avanza en las negociaciones con el FMI tal cual este lo plantea; lo que se agrega al mal acuerdo hecho con los acreedores privados el 2020. Por ese camino la deuda externa, contraída y expandida por los gobiernos neoliberales en los últimos 40 años, de leoninos intereses, muchas veces fraudulenta, con fuga de capitales posterior, seguirá siendo un lastre insoportable sobre la economía argentina, impidiendo su desarrollo. Para desgracia de nuestra nación y en particular de las mayorías populares.
Por Humberto Tumini – Presidente de Libres del Sur
