Mientras Jorge Macri se muestra en todos los medios como gobernante “responsable”, desobedece órdenes judiciales.
El 29 de abril, en plena cuarentena, la Municipalidad de Vicente López inició una obra no esencial y, además, muy cuestionada desde hace más de un año por vecinos, vecinas y agrupaciones ambientalistas. Dicha obra consiste en hacer pasar un camino por el borde sur de la Reserva Ecológica de Vicente López (REVL) con la consecuente destrucción de una parte importante del ecosistema de pastizal pampeano, muy rico en biodiversidad.
El objetivo de la obra, según la Municipalidad, es unir las calles Paraná y Bermúdez en la zona ribereña. Algunos grupos de vecinos hicimos una propuesta alternativa que consistía en una pasarela de madera que pasaría por afuera de la REVL y cumpliría con el objetivo de interconectar dichas calles, pero sin destruir el pastizal. La propuesta no fue tenida en cuenta.
Cabe destacar que se comenzó la obra sin la necesaria Declaración de Impacto Ambiental que el Municipio publicó cinco días después. La indignación de los vecinos y vecinas fue más grande aún pues, pocos días antes el intendente Jorge Macri había anunciado que se postergarían todas las obras en el Paseo Costero para derivar los fondos a la lucha contra el Covid-19.
Ante los hechos relatados pedimos ayuda al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) para detener las obras. Enviaron dos veces a sus inspectores pero finalmente miraron para otro lado y la obra continuó. Recordemos que la REVL forma parte de un humedal (lo cual es reconocido por el OPDS) y que los humedales, además, están protegidos por la Ordenanza Municipal 31961 del año 2012.
Ante el irrefrenable avance no tuvimos otra alternativa que acudir al Poder Judicial. El 18 de mayo la jueza María Alejandra Peña del Juzgado Nº 3 en lo Civil y Comercial de San Isidro dictó una medida cautelar de no innovar (PRATS, JUAN MIGUEL C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ S/ACCIÓN DECLARATIVA
(SUMARÍSIMO), CAUSA 8246/2020 SI, EXPTE Nº 700218) y se suspendieron las obras. Pero el Municipio, utilizando artilugios legales, continuó las tareas el 19 y 20 de mayo, días en que no sólo se terminó de destruir la flora y la fauna del pastizal, sino también el suelo con el uso de grandes máquinas.
A los tres días, dos vecinos del barrio El Ceibo lindero a la REVL –quienes con sus filmaciones y fotografías habían alertado a los vecinos y a las organizaciones vecinales del comienzo de las obras– recibieron agresiones físicas y a su propiedad.
La medida de no innovar fue trasladada a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín. Ante el reclamo de la Municipalidad, la Cámara levantó dicha medida el 26 de junio.
Cuando esta resolución aún no estaba firme, el 29 de junio la Municipalidad se apuró en reanudar la obra.
Inmediatamente denunciamos ante la Cámara el incumplimiento de la medida cautelar por parte del gobierno municipal, en clara violación al proceso judicial, y nuevamente solicitamos la suspensión inmediata de las tareas.
El 1 de julio la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín hizo saber a la Municipalidad que debía hacer cesar las obras de manera inmediata bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia.
Mientras enviábamos a la Cámara un recurso extraordinario (Recurso
extraordinario de inaplicabilidad de la ley) para llevar el caso ante la Corte
Suprema de la Provincia de Buenos Aires, estando
aún en vigencia la medida cautelar, el 6 de julio nos notificamos de que la
Cámara dispuso efectivizar el levantamiento de la suspensión de obras. Como consecuencia de esta disposición interpusimos un recurso de revocatoria contra esta última
resolución de la Cámara. El 8 de julio la Cámara finalmente nos informó que se
denegaba el recurso de revocatoria de la medida cautelar pero que, sin embargo,
se concedía el recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de la Provincia con efectos suspensivos. O sea, las
obras quedaron suspendidas hasta tanto decida la cuestión dicha Corte. Pero la
Municipalidad de Vicente López siempre nos da sorpresas: a pesar de la
disposición, en manifiesta desobediencia
a la Justicia, las obras continuaron hasta el día 14 de julio inclusive. ¿Sabrán las autoridades la diferencia que
existe entre cumplir o no una orden judicial? Mientras el intendente Jorge
Macri se muestra en todos los canales de televisión y trata de jugar un papel
como “gobernante responsable”, se ríe de los derechos de los ciudadanos y
desobedece las disposiciones judiciales.
Algunos funcionarios municipales han calificado la presentación de la medida cautelar como un acto de violencia por parte de los vecinos. Por el contrario, creemos que reclamar por la protección del ambiente es un derecho legítimo y, en tiempos críticos para el planeta, además es un deber. Por otra parte, el recurrir al Poder Judicial no fue una decisión caprichosa. Fue la derivación final de una serie de hechos protagonizados por el gobierno municipal: concebir un proyecto de ese tipo en una reserva; decir que se cumplió con un “proceso participativo” cuando sólo se llevó a cabo una parodia de participación, y además parcial y poco transparente; no responder de manera fehaciente las objeciones de vecinos y profesionales a las falencias del Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa IATASA; comenzar las obras a escondidas de los ciudadanos en general y de los integrantes de la Mesa de Gestión Ambiental de Vicente López en particular, los cuales, según la Municipalidad, serían los “veedores” de la obra; la falta de compromiso del OPDS deslindando responsabilidades y mirando para otro lado.
Si la epidemia de fiebre amarilla hacia fines del siglo XIX tuvo consecuencias urbanas –como el incremento de las instalaciones de red de agua corriente y cloacal– y culturales –como el cambio en hábitos de higiene–, esperamos que la pandemia de coronavirus genere una relación respetuosa y comprometida hacia la naturaleza y un cambio en las ciudades, en las cuales se fomenten las áreas naturales protegidas como islas de biodiversidad, la preservación y aumento de los necesarios espacios verdes públicos y el fin de la especulación y atropello inmobiliarios.
Esperamos que el caso de la REVL sea un punto de inflexión en el comportamiento de la Municipalidad de Vicente López en cuanto al cuidado de la calidad de vida de todos sus habitantes.
Vecinos, vecinas y agrupaciones ambientalistas esperamos que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires decida en favor de una verdadera Justicia Ambiental, exija la restauración del pastizal y acompañe con decisión este y otros reclamos de protección ambiental que se hacen oír cada vez con más fuerza.
