En un día tan importante como el 9 de julio, donde celebramos y reivindicamos nuestra independencia política de la metrópoli española, es una buena oportunidad para pensar otras emancipaciones necesarias, gestas que se dieron en los papeles, pero carecen de un gran recorrido en la práctica.
Discutir la soberanía de los recursos naturales, es dar una discusión en dos planos, el primero, hace referencia al poder y a la capacidad jurídica de autodeterminación de un territorio, el segundo, se refiere al espacio físico donde se encuentran los recursos
La soberanía es el concepto político y jurídico sobre el que se sostiene un territorio independiente, pero el recurso, más bien, la condición territorial del mismo, es el hecho físico donde se materializa la soberanía real.
La doctrina jurídica denomina al medio ambiente: “sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados, y que pueden ser modificados a través de la intervención humana”. Ese sistema natural y artificial, el hábitat humano que podemos encontrar desde las zonas tropicales a las árticas, es el centro de la discusión en materia medioambiental, la relación entre las necesidades humanas y su impacto en la naturaleza.
No es el motivo de este artículo la discusión medioambiental en sí misma, sino, el debate sobre la soberanía nacional en cuanto a la capacidad de proteger, contener y preservar los recursos naturales.
La búsqueda de combustibles fósiles, minerales o metales preciosos, ya sea el recurso para su explotación futura, o los actuales emprendimientos minerales-energéticos, necesitan una adecuada protección jurídica y una eficaz defensa política.
La defensa jurídica debe ser en cuanto a su pertenencia nacional, pero también en cuanto a la protección de los ciudadanos sobre el daño que su explotación irresponsable pueda causar. La defensa política debe centrarse en la reivindicación soberana de nuestro territorio. Un ejemplo de la discusión sobre la soberanía de los recursos, es el Tratado Antártico.
Firmado el 1 de diciembre de 1959 y en vigencia desde el 23 de junio de 1961, al ratificarse por los 12 signatarios originales. Este tratado fue la consecuencia de una política de estado consistente a lo largo del tiempo, tanto en reclamar nuestra soberanía antártica como en asegurar la exploración con fines pacíficos. Un logro fundamental del Derecho Internacional Público, Comparable a la CONVEMAR (la constitución de los mares), que estableció pautas básicas entre los países firmantes, sobre un continente prácticamente inexplorado, que puede albergar recursos naturales estratégicos para el futuro de la humanidad.
El tratado firmado en 1959 fue el primer acuerdo internacional sobre control de armas que se produjo en el marco de la guerra fría, si bien el convenio no reconoce explícitamente la soberanía de las naciones que reclaman pertenencia territorial de la Antártida, incluida la Argentina, tampoco rechaza explícitamente estas reivindicaciones, ni las bases de investigación instaladas en el continente antártico. Otro elemento positivo de este primer tratado, fue evitar la internacionalización de la soberanía, y que los estados partes perdieran toda posibilidad de discutir sus pretensiones territoriales en el futuro.
El espíritu fundamental del primer acuerdo, fue la preservación del continente con fines pacíficos para toda la humanidad. Tal es así que posteriormente, en 1991, el Protocolo de Madrid estableció que sólo pueden desarrollarse actividades de investigación científica, y declara la prohibición de cualquier actividad relacionada con los recursos minerales.
Este documento, que todavía no ha sido ratificado por todos los países firmantes, no ha evitado que la mayoría de los países con bases en el continente helado desarrollen programas de investigación geológica, que incluyen la búsqueda de hidrocarburos y recursos minerales en el subsuelo antártico.
Las 68 bases internacionales de la Antártida, son supuestas exploraciones con fines científicos, entre la que se encuentra la Base Marambio, centro de la presencia argentina en el continente. Científicos y geólogos debaten sobre la posibilidad de que la Antártida podría tener más petróleo que Kuwait o Abu Dhabi, esperando ser descubierto debajo del hielo eterno.
Es necesario pensar tanto en las consecuencias ambientales, como en las necesidades estratégicas de las naciones. Cuando vuelvan a discutirse las bases del Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, en el año 2048, las ciudades, el aire, el agua y la energía, habrán cambiado considerablemente. Si parece que es una fecha lejana, sería interesante analizar cómo piensan las grandes potencias económicas sobre un lapso de 29 años. Pensar cuál puede ser el estado del planeta para esa fecha, pone de manifiesto las dudas que tenemos sobre un futuro sustentable. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la humanidad necesita 1,5 planetas para satisfacer su demanda de recursos naturales. A este ritmo, las demandas de la humanidad sobre el planeta son un 50% mayores de lo que la naturaleza puede regenerar. Incógnitas.
Un desafío que la próxima generación de líderes deberá enfrentar, la reivindicación política y jurídica de un suelo que podría contener riquezas minerales incalculables.
En cuanto a la discusión dentro de nuestras propias fronteras, tenemos el caso de la Ley de Glaciares, recientemente declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que establece: “los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico constituyendo a los glaciares como bienes de carácter público”.
Tanto la Ley de Glaciares como el Tratado Antártico, son construcciones colectivas, logradas por políticas estratégicas a largo plazo, y con sus esperanzas puestas en las próximas décadas, aspectos que nuestra sociedad necesita de manera urgente.
Pensar la soberanía de nuestros recursos es pensarnos como sociedad, como modelo de país, es sentar una base sólida sobre la que puedan florecer las próximas generaciones de argentinos, es el mismo espíritu de nuestros padres fundadores, que no llegaron a ver la sociedad que soñaban constituir, pero que tenían la certeza y la sabiduría de pensar como Nación, y no como individuos.
Leonardo Güi
Abogado
Docente UBA
