Un nuevo 8 de marzo nos convoca a reflexionar de forma colectiva sobre las distintas situaciones que atravesamos las mujeres.
Sobre los avances y retrocesos en materia de derechos e igualdad y evaluar la eficacia o no de las políticas públicas diseñadas y ejecutadas desde el Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Esta jornada ayuda a poner en la agenda pública asuntos que en diversos ámbitos venimos discutiendo durante todo el año. El rol de las mujeres en las tareas de cuidado y en la economía popular, la desigualdad salarial respecto a los varones, las consecuencias y el vínculo particular que la guerra, el cambio climático y la inequidad social tienen sobre las mujeres, jóvenes y niñas, son algunos de los temas impostergables que las mujeres y la sociedad en su conjunto deben asumir como urgentes.
Lamentablemente, la realidad siempre nos aturde con su violencia atronadora, pasando la reflexión a un segundo plano y poniendo sobre la mesa los mismos reclamos históricos que tenemos las mujeres desde hace décadas. Reclamos que aunque parecen básicos a esta altura del siglo, tienen siempre vigencia. Y esto es así porque nos siguen matando. Una de nosotras es asesinada cada 26 horas. Sin existencia de registros oficiales, diversas organizaciones contabilizan 60 femicidios en lo que va de año. Amigas, hermanas, vecinas, niñas, madres. Y esto es así porque nos siguen acosando, abusando y violando. Nos violan de a uno o en grupo, en espacios públicos o en la supuesta seguridad del hogar. Somos violadas por extraños, por conocidos, por familiares, por novios, por amigos. Hasta que esta situación no cese, hasta que el derecho a la vida y la integridad física esté garantizado, todos los temas serán importantes, pero este será el más urgente.
A nivel nacional tenemos 1 femicidio y 10 violaciones cada 100 mil habitantes. Recordemos que en el primer caso el registro se hace a través de la información que brindan los medios de comunicación. A su vez, el registro de delitos sexuales sólo contabiliza los casos denunciados ante la justicia. En ambos casos la cifra real es muy superior. La tasa de femicidio y violación varía mucho según la provincia, pero el dolor y la bronca de las víctimas, amigos y familiares son los mismos.
Ante este panorama nuestros reclamos y demandas deben ser claros y contundentes. No podemos tolerar la impunidad, no podemos permitir que el 80 por ciento de los violadores no reciba condena alguna. Tenemos que repensar y modificar nuestro sistema legal y penal para que la cárcel sea efectiva y sin alicientes para estos crímenes. Sabemos que con endurecer penas y condenas no alcanza y que es preciso un cambio cultural profundo, como también tenemos claro que las discusiones académicas sobre el origen y naturaleza de la violencia machista, aunque necesarias, son insuficientes para resolver el drama cotidiano al que somos sometidas las mujeres. Hasta el momento el Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad ha brindado muchos diagnósticos pero no ha desarrollado políticas públicas concretas relativas a los temas que aquí mencionamos. No se construyeron más refugios para mujeres en riesgo, ni Centros Integrales de la Mujer que brinden asesoramiento, contención y patrocinio jurídico. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con al menos uno de estos centros por comuna, hogares de tránsito y refugios, en San Fernando la cifra es cero. No se trata de escasez de recursos, sino de saber y querer establecer prioridades. En definitiva, la política trata de eso: escuchar a la gente, establecer prioridades y administrar los recursos públicos para solucionar problemas concretos. Disminuir los femicidios y las violaciones es un asunto que ya no se debate, se soluciona. Toda política pública que no apunte en ese sentido es una política destinada al fracaso.
Ni Una Menos!
Por Agustina Ciarletta concejal de San Fernando