El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el día que conmemoramos a las pioneras del movimiento internacional feminista y sus luchas históricas por los derechos de los trabajadores y la justicia social; es el día que reencarnamos y resignificamos la agenda y acción política feminista, en todo el mundo, en cada contexto espacial y coyuntural, en cada barrio, en cada una de nosotras que sostenemos el mundo con nuestro trabajo remunerado y no remunerado, con todas y todes que conformamos el movimiento feminista.
Parece una obviedad aclarar, pero es fundamental decirlo con contundencia, que el 8M no es un día festivo; no es un día para recibir flores y bombones u otras atenciones románticas; no es un día para asistir a actos de felicitaciones por ser buenas madres y buenas esposas, por trabajar y entregar nuestras vidas por amor, o por ser buenas compañeras de trabajo en los espacios y los modos en que el sistema patriarcal nos permite introducirnos. El 8M es un día de lucha contra el sistema patriarcal que nos quiere obedientes, sumisas y calladas.
Cada 8M, el movimiento feminista a nivel internacional se moviliza y realiza paros en los espacios de trabajo formal e informal, y en las tareas de reproducción social y de cuidados, asignadas a las mujeres y diversidades por el sistema globalizado de distribución de trabajo. Como una reencarnación de la lucha de las pioneras, paramos las maquinas del sistema patriarcal, dominante y explotador con el objetivo de visibilizar el valor de nuestro trabajo frente a condiciones de desigualdad y precariedad. Alzamos nuestro grito resignificando los reclamos históricos y las demandas que representan las necesidades y las urgencias contemporáneas de las mujeres y diversidades en cada país y todo el mundo.
Habiendo trascurrido un año de pandemia, ha sido demostrado que las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, somos las que más sufrimos la profundización de la explotación laboral. Manteniendo las exigencias del trabajo remunerado –formal o informal-, con remuneraciones muy bajas, en condiciones laborales precarizadas, y encargándonos de las tareas de cuidados en nuestras casas y los territorios, somos sobreexigidas por un sistema estructuralmente desigual. Para las mujeres y las diversidades, la pandemia significó el aumento de las amenazas de pérdida del trabajo remunerado o a trabajar en condiciones precarizadas; muchas otras sufren las consecuencias económicas de la desocupación o la falta de percibimiento de una jubilación o pensión, siendo ellas el sostén de sus familias. La ampliación de derechos por el reconocimiento del trabajo de cuidados es uno de los reclamos históricos del movimiento feminista, y su otorgamiento es fundamental para poder generar mayores niveles de igualdad social. Para lograrlo, se requiere que el Estado formule e implemente una política pública integral de cuidados, que establezca salarios, subsidios, pensiones y jubilaciones dignos que le ganen a la inflación, y otorgue el reconocimiento salarial para las trabajadoras sociales, de género y de casas particulares en pos de mejorar sus condiciones laborales.
El feminismo internacional se centra en la ampliación de derechos sociales y en contra de la violencia estructural. Insistimos, en que ya es tiempo de eliminar las barreras y la discriminación por género en el trabajo y generar condiciones de igualdad real para que las mujeres, lesbianas, homosexuales, travestis, trans y no binaries puedan acceder a trabajos dignos, en buenas condiciones laborales y salariales. Desde el movimiento, exigimos el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, la aprobación de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti – Trans, y reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.
La autonomía económica de las mujeres es una garantía fundamental para transformar su realidad cotidiana, para que puedan desear y acceder al progreso personal y de sus familias. Para las mujeres y diversidades, la falta de trabajo, la precarización laboral, un salario muy bajo, sumado a la inaccesibilidad de la tierra y la vivienda, y un poder económico que usufructúa la mayor parte del ingreso de las y los trabajadores, significan la violencia en todas sus formas y la imposibilidad de sentirse libres, a vivir bien, y en algunos casos, a mantenerse vivas. La lucha del feminismo por transformar el sistema patriarcal y capitalista, se traduce a los reclamos contemporáneos por el acceso digno de las mujeres y las diversidades a la tierra y la vivienda, a la producción agroecológica, la urbanización de las villas y los barrios populares con perspectiva de género, la aplicación efectiva de la Ley de Alquileres. Para eso, es sumamente importante el proceso de desendeudamiento externo que el gobierno nacional está llevando a cabo, el cumplimiento de la Ley de aporte solidario a las grandes fortunas, y el avance de una reforma del sistema tributario que posibilite una mayor redistribución de la riqueza mediante políticas orientadas a la igualdad de género, como también el control efectivo de los precios de los productos que conforman la canasta básica.
La violencia estructural machista atraviesa nuestra sociedad y se expresa en todos sus niveles y versiones. Cada 30 horas una mujer es asesinada por violencia de género. Son 47 los femicidios que se han cometido desde el principio del 2021. Son 55 los niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos/as sin madre y han sido sometidos a la misma violencia machista. El 29% de las mujeres víctimas de femicidios había realizado denuncias a su agresor, el 19% contaba con una orden de restricción de contacto o perimetral, y el 4% tenía a su alcance un botón anti pánico. Gritamos fuerte: ¡Basta de Matarnos!
No olvidamos de la criminalización que sufren las mujeres y diversidades en Argentina, de las presas políticas, de todas las que han sido privadas de su libertad por la Ley de Drogas, por haber abortado y por eventos obstétricos; reclamamos su libertad. Exigimos también el cumplimiento efectivo de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Educación Sexual Integral, con un Poder Judicial que no obstaculice los procesos y las garantías de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres y diversidades.
Mientras tanto, el Poder Judicial hace oídos sordos y tiene sus brazos cruzados, manteniendo su postura conservadora, retrograda y machista, se preocupa solamente de las cuestiones que conciernen la prolongación de sus privilegios y el status quo corporativo. El pueblo pide por una justicia democrática, ágil, rápida, que garantice los derechos adquiridos de la ciudadanía, y el Poder Judicial mantiene su agenda alejada de los problemas sociales, a favor del poder real, el económico, el mediático, el machista. Es por eso que insistiremos en exigir por una Reforma Judicial Feminista que signifique la democratización del poder judicial mediante la elección popular de jueces, la instauración de la paridad de género en todo el sistema judicial, la aplicación efectiva de la Ley Micaela y de las políticas públicas de género y diversidades, y la implementación del juicio por jurado.
Los femicidas no son las excepciones en nuestra sociedad. Son parte y consecuencia de una sociedad violenta, que se ve, se siente y se sufre, en la cotidianidad, en todos los ámbitos, por personas ajenas y conocidas. Las causas de la profundización y prolongación de la violencia son múltiples, coyunturales e históricas. El responsable es el Estado, tanto para su prolongación, como para su erradicación. El movimiento feminista se organiza para analizar, pensar y debatir, movilizar y militar, proponer, consensuar y actuar. Pero, solo con un Estado responsable se puede avanzar en la transformación de la realidad, mediante políticas públicas trasversales, y con estrategias multiagenciales e interseccionales que puedan alcanzar, junto con la militancia feminista, a todos los espacios -tanto los públicos, como los privados- que requieren reformarse para ser democráticos e igualitarios. Formando un Estado democrático y feminista, se puede alcanzar la reflexión y deconstrucción de la ciudadanía, tanto los varones como las mujeres y las diversidades, los y las adultos/as mayores, de mediana edad, los y las jóvenes y niños/as, con la finalidad de erradicar la violencia y construir una sociedad pacifica e igualitaria.
En ese sentido está avanzando el gobierno nacional y provincial, mediante la creación de los Ministerios de la Mujer y Diversidades, con la jerarquización de las políticas de género en la agenda pública, a través de la planificación e implementación multiagencial e interseccional con otras áreas y niveles de gobierno, una mayor distribución y asignación de financiamiento a los programas orientados a la prevención y asistencia de las víctimas de violencia de género, y con la elaboración y promoción de proyectos legislativos cuya finalidad es la reforma del marco normativo y la ampliación de derechos para las mujeres y diversidades. Obviamente, aunque lo hecho en un año se considera un gran avance, falta mucho todavía para lograr la transformación del Estado en todos sus niveles y jurisdicciones, para erradicar la violencia institucional y lograr un impacto contundente en la sociedad. La exigencia del movimiento feminista es que todos los estamentos del Estado se comprometan a modificar sus estructuras, su funcionamiento, agenda y acciones incorporando de modo integral y trasversal la perspectiva de género, capacitando a su personal y siendo decisivos contra la violencia de género hacia adentro y afuera de los organismos estatales.
El feminismo popular es democrático, ecologista, antirracista y anticolonial porque incluye y representa a la gran mayoría de mujeres y diversidades, a las y les originarias, migrantes, discapacitadas, trabajadoras remuneradas y no remuneradas, las pobres y las que se conciben de clase media. Nos organizamos en los barrios, en el trabajo, en las unidades básicas, en las plazas, en la calle, en las reuniones, las capacitaciones, en las movilizaciones y las huelgas. Defendemos las necesidades, las demandas, los derechos de todas las mujeres y diversidades contra todas las formas de violencia machista. Deseamos vivir libres, con autonomía económica, y con acceso a nuestros derechos alcanzados, en una sociedad democrática y pacífica, sin violencias. Perseguimos la justicia social y la transformación de la realidad, a través de una nueva manera de hacer política.
Por Natasa Loizou – Directora Provincial de Políticas Públicas Metropolitanas en la Subsecretaria de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Licenciada en Políticas y RRII, Magister en Seguridad Internacional – Doctoranda en Ciencias Sociales – Militante de La Campora y Ateneo Néstor Kirchner en San Fernando.
