Por Agustina Ciarletta*
La última década ha sido testigo de un espectacular ascenso de la agenda de las mujeres en todos los ámbitos. Se pusieron sobre la mesa temas diversos, desde la forma más extrema de violencia de género, el femicidio, hasta los llamados “micromachismos”, pasando por la inequidad laboral salarial, la participación política, la sexualidad, hasta la interrupción legal del embarazo, solo por brindar unos pocos ejemplos. Ninguno de estos debates es nuevo, claro está, pero lo novedoso fue la intensidad con la que se desarrollaron estas discusiones, como así también la velocidad. Literalmente, el fenómeno se sintió como una ola que alcanzó a los más diversos sectores y edades. Amas de casa, estudiantes de colegio secundario, trabajadoras, jubiladas, grupos de amigas, hijas, primas, sobrinas, hermanas, vecinas. La fuerza con la que se presentó esta extensa agenda fue de tal magnitud que casi todas las mujeres nos vimos interpeladas a tomar posiciones. Cuando lo público adquiere esta dimensión, logra sacudir nuestros mundos privados.
En el vértigo de la discusión y movilizadas por la lucha colectiva de frenar con los femicidios, sobre todo a partir del “Ni una menos”, buscamos y demandamos políticas públicas que sean efectivas. Muchos sectores del abanico político-representativo, tomaron nota y buscaron canalizar (con diverso grado de honestidad y oportunismo) esta “ola”, presentando proyectos parlamentarios, abriendo debates internos, aplicando protocolos en organismos públicos, y en el caso del último gobierno kirchnerista, creando un Ministerio específico. Precisamente este parecería ser el último escalón al que podría llegar la demanda hacia el Estado, que el tema en cuestión adquiera el más alto grado institucional. Lamentablemente, cuando las demandas sociales legítimas se utilizan para construir relatos partidistas, los resultados tienden a ser siempre los mismos: aumento del gasto público, utilización partidaria de las instituciones del estado, impacto casi nulo de las políticas diseñadas (con más improvisación que diseño) y, por último, el desprestigio de luchas y demandas absolutamente legítimas llevadas adelante, en su mayoría, por mujeres comprometidas.
Ha quedado claro que las políticas implementadas no redujeron los femicidios, ni las muertes violentas derivadas de ellos. El avance cultural, lento pero visible, se relaciona mucho más con el impacto social del !Ni Una Menos” que con las magras políticas estatales.
En definitiva, este 8 de Marzo nos obliga a reflexionar sobre los pasos dados, quitarnos los prejuicios de encima y no tener miedo a discutir todo este camino recorrido. Lo menos que se merecen las mujeres asesinadas, los niños y niñas que quedaron sin madre, las víctimas cotidianas de violencia, las mujeres que hacen malabares entre el trabajo, su vida personal es que dejemos los fanatismos de lado y construyamos herramientas efectivas, profesionales y duraderas.
*Agustina Ciarletta – Concejal San Fernando
