La consigna “Ni una menos” se instaló en la agenda política de nuestro país a fuerza de grandes manifestaciones, poniendo sobre la mesa del debate público las demandas de una mayoría, considerada por mucho tiempo una minoría.
El “Ni una menos” expuso la violencia machista y su materialización mas feroz: los femicidios, visibilizando al mismo tiempo las desigualdades de géneros como dimensión estructural de nuestras sociedades patriarcales. También puso en evidencia el rol del Estado en la reproducción de las desigualdades de género y de la violencia machista, y, por lo tanto, impuso la necesidad de repensar las políticas públicas. Hoy, en un escenario donde a pesar de las medidas de aislamiento social las violencias de género se acentúan como evidencian las cifras de femicidios ocurridos durante la cuarentena, es urgente reflexionar sobre estos temas para fortalecer las políticas públicas necesarias para sancionar, prevenir y erradicar las violencias de géneros como nos señala la Ley 26485. Y también para fortalecer y enriquecer la implementación de instrumentos imprescindibles para romper las desigualdades y estereotipos de géneros como son la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) impulsamos la necesidad de promover la importancia de diseñar políticas públicas desde una mirada interseccional de la discriminación de género, poniendo el acento en el antirracismo como un punto de partida necesario para lograr la igualdad y equidad.
Una primera reflexión urgente tiene que ver con reconocer que la discriminación de género no se manifiesta de la misma forma para todas, la violencia de género tampoco. La discriminación que sufre una mujer de los sectores medios que vive en una ciudad, por ejemplo, no es la misma que la violencia sufrida por una mujer migrante trabajadora doméstica, ni una mujer indígena, ni una mujer afrodescendiente, ni mucho menos una travesti. Todas pertenecen a colectivos históricamente vulnerados, en donde interviene no solo el género en la vulneración de sus derechos. En 1989 la activista feminista Kimberle Crenshaw bautizó a la superposición de problemáticas como interseccionalidad. Este concepto nos sirve para construir una mirada que dé cuenta de cómo se combinan y articulan las desigualdades económicas, el racismo y el machismo, afectando las posibilidades y las herramientas que poseen las distintas mujeres, en ese caso para enfrentar la violencia de genero.
Una segunda reflexión necesaria es reconocer que las desigualdades y violencias de género están atravesadas por el racismo. Este es una forma discriminación que tiene su especificidad en la singularización de las diversidades biológicas, reales o ficticias, acompañado por estereotipos culturales y el establecimiento de relaciones de dominación social como su consecuencia. Las discriminaciones de género están atravesadas y son acrecentadas por el racismo, así como por la pertenencia de clase. Entonces podemos decir que desde una mirada interseccional, el racismo incide en la configuración de la “matriz discriminatoria” de nuestra sociedad, tanto en los procesos que construyen las distintas identidades colectivas como en las operaciones de inclusión / exclusión que vulneran a determinados grupos sociales. A lo largo de nuestra historia podemos observarlo en los distintos procesos de segregación, exclusión, persecución y exterminio expresados. Es necesario promover un enfoque antirracista, feminista y popular en el debate público, y en la agenda de políticas públicas.
Por último, y en relación a esto, debemos reflexionar sobre el avance de las mujeres y colectivos LGTBQ+ en diferentes ámbitos de poder político, fruto también del gran proceso de movilización social que significó el Ni Una Menos, y que se extendió en los Paros Internacionales de Mujeres, en los pañuelazos por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo recogiendo todo el activismo de la Campaña por el derecho al Aborto seguro, legal y gratuito, en la Ley de Paridad de Género y las enseñanzas de las protagonistas de la Ley de Cupo, y en los Encuentros plurinacionales de Mujeres y disidencias que se realizan en nuestro país desde el año ´86.
Todo este activismo social y político, que se convirtió en una marea verde en el último tiempo, encontró en el gobierno de Alberto Fernández, un nuevo escenario. Luego de cuatro años de despojos, desfinanciamiento, desempleo y crisis económica, tenemos por primera vez en la historia argentina un Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidades, y somos parte de una gestión estatal que desde el 10 de diciembre propuso un cambio de rumbo. Desde el Estado, podemos hacer la diferencia en ese sentido, proponiendo políticas públicas con un enfoque antirracista para erradicar la discriminación y las desigualdades de género, así como la violencia machista.
El INADI esta a disposición para seguir articulando y pensando más y mejores políticas para las mujeres excluidas y violentadas, que son y serán nuestra prioridad como gobierno. ¡Ni Una Menos!
Por Lorena Gonzales. Jefa de Gabinete de INADI
