Este 25 de mayo, conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, acción política y social que tuvo la impronta de pretender configurar un orden institucional, económico y normativo propio, ante el agotamiento sufrido por el régimen político hasta el momento vigente que sufría los embates inevitables de una carente representatividad, ante los nuevos vientos liberales que predominaban en sectores con vocación política hacían pensar con augurio nuevos vientos constitutivos de una novel Nación.
Por aquellos tiempos, la aproximada noción de Estado-Nación – como se concibe desde la modernidad, y esencialmente en occidente -, encontraba con relativo acuerdo un transversal destello independentista de la población respecto al Reino de España, y en especial de la clase política e intelectual.
Aquel prolegómeno derivado de una corriente independentista, a posteriori debía emplazarse y encaminarse a generar las condiciones que promovieran criterios genuinamente nacionales, desplazados de toda clase de sectarismos y todo tipo de mezquindades para lograr establecer las columnas indispensables que permitan configurar una Nación con proyectos comunes, regidos por principios y reglas que significaran acuerdos que contemplen los intereses de la diversidad de espectros que representaban las provincias argentinas. Se terminó demorando 43 años desde aquella revuelta cívica para que efectivamente nuestra pretensión de unión nacional tenga efectiva concreción, cuando logramos verter en el texto constitucional de 1853 los preceptos esenciales que dieron lugar al origen de nuestro Estado Federal, y que terminaran de tomar forma plena 6 años después, luego del Pacto de San José de Flores, mediante el cual Buenos Aires se incorpora definitivamente a la República Argentina. Ese epílogo de grandes debates y batallas, que representaron el introito a nuevas etapas y objetivos nacionales, tuvo significativo fundamento en aquella voluntad innovadora del 25 de mayo de 1810 para ser precursores de una nueva manera de organización política, social y económica a través de una institucionalización autogenerada, para no continuar con la rigidez de un régimen que resultó ser heredado.
Mas de dos siglos después, aproximándonos nuevamente a un 25 de mayo pero esta vez del 2021, nos encontramos frente a un escenario nacional sumamente delicado, con una realidad en términos económicos difíciles, que es consecuencia de tres aspectos en mi consideración: por un lado, deficitariamente los gobiernos argentinos del siglo XXI no han logrado establecer acuerdos necesario para impulsar como política económica sostenida un diagrama productivo en donde la realidad nacional esté dirigida a crecer en aquellos espacios en los cuales la realidad internacional nos permitiría explotar nuestras mejores condiciones y posibilidades – lo cual se ha visto agravado por intentos del gobierno de Cristina Kirchner por ver como enemigo al sector por excelencia que más divisas le genera a la Argentina con la conocida Resolución 125, y ahora el gobierno de Alberto Fernández desentendiendo los problemas de obtención de dólares que tiene nuestro país impidiendo exportar carne con la Res. 75/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en desmedro de la balanza comercial -; un régimen tributario excesivo y distorsivo, que pone en conflicto la pretensión de obtener recursos para cubrir déficit fiscal continuo – que Juntos por el Cambio logró mostrar una caída del déficit primario importante, ante el enorme déficit heredado del Kirchnerismo – a costa de recortar la generación de ganancias que posibilitarían un incremento necesario de empleo, inversión y capitalización genuina; y por último, una política gubernamental del actual oficialismo que mediante una errática y falaz dicotomía “salud o economía” – como en las últimas semanas reiteró con “salud o educación” – que intensificó el agobio sobre el sector privado, con la sanción de una modificación a la ley de ganancias sobre empresas muy regresivo – y más en contextos como el vigente donde se necesita de la reactivación del sector privado – o también como resulta en detrimento de los sectores más vulnerables la brutal emisión monetaria sin un programa de equilibrio fiscal que hace galopante el nivel inflacionario – que durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se alteraban estadísticas negándolo como un problema sistémico y que se profundizaba por sus propias políticas, propio de estrategias populistas – , no logrando robustecer al sistema sanitario en los niveles prometidos a mitad del año pasado, o en conformidad a la descripción de una realidad paralela que solo ven el presidente Alberto Fernandez, o un gobernador como Kicillof que señalaba con el dedo la estrategia sanitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – y que resultaba interdisciplinaria – mientras tiene distritos del conurbano bonaerense gobernados por su mismo color político que sugieren a sus habitantes trasladarse a hospitales porteños porque no están con posibilidades de brindar siquiera atención sanitaria primaria o de emergencia propia.
Trazar desarraigados paralelismos resultaría cuanto menos un infortunio, y no sería conducente teniendo presente el complejo escenario en el que nos encontramos; sin embargo, ello no implica recaer en sentido contrario anulando toda clase de disidencia o aporte diferencial que pueda acercar consideraciones que brinden alternativas ante una realidad ahogada en incertidumbre por la inconsistencia de una verdadera estrategia del oficialismo.
Endeble favor le estaríamos proporcionando a los argentinos si desde el poder se continúa señalando autoritariamente a quienes pretenden aportar ideas alternativas o distantes del discurso gubernamental respecto a las políticas de cuidado sanitario que se debe impulsar, sostenido sobre altos niveles de concientización y persuasión, y no sobre la promoción del temor al virus que le permita obtener facultades desproporcionadas al Poder Ejecutivo para terminar tentado en querer tomar decisiones inconsultas, arbitrarias y poco democráticas. La pretensión de concentrar la plena toma de decisiones no reivindica las mejores tradiciones de un sistema democrático, en el que debe predominar el diálogo, tendiéndose a propender al consenso, sino que, por el contrario, se incrementan los niveles de acciones y decisiones inconsultas, arbitrarias y hasta inconstitucionales.
La aceptación por el disenso y la construcción de los canales para componer consensos legítimos y sólidos deben tener nacimiento justamente desde el poder. Parece un oxímoron, pero no lo es. Así lo han pregonado emblemas sincera y sentidamente democráticos, el más contemporáneo sin duda ha sido Raúl Alfonsín, muy citado por el presidente de la Nación, pero con una irrisoria puesta en práctica de las enseñanzas y legados que tanto destaca haber aprendido de él. Por el contrario, el presidente Fernández refuerza los criterios revanchistas y vindicativos del Kirchnerismo que tanto ha fracturado a la sociedad argentina, y que ha tomado cada vez más protagonismo en el Poder Ejecutivo.
En estos momentos, necesitamos repensar los posicionamientos coyunturales y estructurales para nuestro país, afianzando principios y políticas que surjan siempre del diálogo y el consenso, de acuerdos obtenidos por ese ejercicio constante e ineludible, que nos posibiliten sortear mezquindades y egoísmos para generar políticas que trasciendan a quienes circunstancialmente les toca intervenir tomando decisiones en los distintos roles de gobierno.
No es tarde, todo lo contrario. La Argentina necesita de modo indefectible, generar y consolidar criterios que revaliden aquellos propósitos que gestaran la unión nacional – en la convivencia razonable, sensata y democrática de sus diferencias -, que tuvieron una invaluable demostración en los albores de nuestra búsqueda por convertirnos en una independiente Nación, y que esa gesta tuviera pie de inicio aquel 25 de mayo de 1810.
Por Sebastian Salvador – Diputado Nacional por la UCR – JxC