Por Sebastián Salvador*
Un 1 de mayo pero de 1886, trabajadores de la Ciudad de Chicago en Estados Unidos que reclamaban por tener una jornada laboral que no siguiera configurando una explotación sobre los obreros, terminó bajo una espasmódica represión que tuvo como resultado numerosos muertos y heridos. La protesta se extendió varios días más, pero fue ahí donde tuvo comienzo el intento de acallar la demanda de los asalariados. Pasadas 3 décadas después, la OIT aprobaría la adopción universal de la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales.
Nuestro país encaró enormes avances en materia laboral, que representaron un significativo reconocimiento a la protección de los trabajadores de manera individual como también para la organización sindical. Décadas que han implicado una reivindicación progresiva que ha concluido incluso en la jerarquización normativa de los derechos individuales y colectivos del trabajo como de la seguridad social a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero el progreso que la Argentina ha promovido legislativamente, no lograron ser acompañadas con el entendimiento de las transformaciones del mundo laboral que se ha visto intensificado en las últimas décadas, y que requieren del respaldo de políticas públicas que contemplen esas realidades, reconociendo que el sistema de empleabilidad ha sufrido cambios que requieren de la adaptación de nuestro ordenamiento jurîdico, sin que ello implique la afectación ni vulneración de derechos.
Los cambios que los argentinos están dispuestos a afrontar para modificar un sistema hiper regulatorio que se encuentra vigente en nuestro país -y que no excluye al régimen de contratación laboral de empleo privado- exige un correlato con los esfuerzos que fueron prometidos en campaña por el actual Poder Ejecutivo, que anunciaba una confrontación contra los “privilegios”, no tuvo por el momento la connotación de los ejes que fueron planteados desde la campaña hasta los meses transcurridos del mandato presidencial. El esfuerzo solicitado a los sectores medios (aumento de prepagas; tarifas de transporte y sistema energético; la reincorporación del impuesto a las ganancias; entre otros), por ahora no tiene proporcionalidad con anuncios que puedan corresponden a los esfuerzos que debieran ser exigidos sobre quienes representan distintos estamentos institucionales, políticos y económicos, a los cuales les recae la crítica de ser parte del “problema”. La reforma laboral promovida por el gobierno en la denominada Ley Bases, que no dudo que tenga intenciones tendientes a impulsar la generación de empleo (tan necesario con 50% de pobreza), puede terminar provocando prolongados juicios por la distorsión constitucional que se formula sobre las condiciones de protección para el empleo público respecto de las condiciones de protección del empleo privado; y en todo este camino, ha sido excluida del debate de la ley la necesidad de impulsar los límites de mandatos para los dirigentes sindicales en sus respectivas organizaciones gremiales, ni la eliminación de los aportes solidarios.
A 40 años de la recuperación democrática, tenemos que pensar en darle una nueva centralidad al trabajo como programa de vida y de dinamismo e integración social, sin sostener verdades absolutas o criterios dogmáticos, en donde los beneficiarios sean todos los argentinos en relación directa de los esfuerzos que se le pide a toda la nación, y no los intereses de una “casta” repudiada en campaña pero con la que se construyen acuerdos en desmedro de quienes se encuentran padeciendo los verdaderos esfuerzos solicitados por el gobierno nacional.
Sin ninguna duda un cambio de fuertes dimensiones que deje al populismo definitivamente atrás es necesario y esto no implica irse a un extremo, ser racional no implica ser tibio , se puede encarar un profundo cambio en la Argentina con todos los argentinos adentro.
*Sebastián Salvador – Dirigente Radical
